El paro del pasado 20N se analiza desde distintos sectores limitándolo a un enfrentamiento entre una parte del sindicalismo contra el Gobierno que conduce la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. Si bien es cierto que existe una pelea en el Peronismo de cara a posicionamientos en 2013 y la sucesión en 2015, el fondo de la cuestión es mucho más complejo y tiene que ver con la puja entre dos miradas muy antagónicas sobre el país. La distribución de la riqueza es la vedette que disputa el poder político y la ínfima minoría privilegiada que conforma parte de algunas corporaciones como la judicial, la financiera y la comunicacional. Esa disputa no está en la agenda del sindicalismo que mostró el martes su capacidad de daño, aunque esgrimen argumentos atendibles, mientras que el gobierno retrasa la toma de decisiones muy fuertes en busca de acumulación de masa crítica que le permita avanzar sin seguir abriendo frentes.
Moyano, su gente y sus nuevos aliados, muestran capacidad para destruir o generar caos, Es como una oferta. O los cobija el Gobierno cediendo lugares políticos importantes para el futuro o los usan las corporaciones para defenderse de un avance del estado sobre los privilegios que hoy gozan. El nerviosismo de ese sindicalismo, es la falta de respuesta del Kirchnerísmo, que confía en que puede avanzar sin necesidad de ellos, o a pesar de ellos.
Pero analicemos algunos datos duros para poder dimensionar lo que se hace visible en el conflicto. Un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, afirma que el salario mínimo, vital y móvil en Argentina es el de mayor poder adquisitivo de América Latina. También indica que Argentina posee el mínimo no imponible de ganancias más alto del continente y que apenas 1 de cada 10 trabajadores paga el impuesto. Los datos del CENE coinciden con el Banco Mundial, quien hace pocos días anunció que la clase media argentina se ha duplicado entre 2003 y 2009. Los que tributan ganancias en nuestro país son aquellos solteros que superan los $5.782 mensuales y los casados con dos hijos a cargo que pasen de $ 7.998. En tanto el salario crece, la escala aumenta progresivamente.
Según los datos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) elaborados con información de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que cruza información con la Encuesta Permanente de Hogares, durante el año pasado pagaron el impuesto a las ganancias el 11% de la totalidad de los trabajadores de nuestro país. Son alrededor de 13 millones de trabajadores los que no pagan contra 1 millón doscientos mil que si lo hacen.
Estos datos son similares a una serie de estudios que presentó de la Universidad Católica Argentina (UCA) en junio pasado y a un trabajo que informó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). La cifra que los trabajadores aportan al gobierno en concepto del impuesto a las ganancias está en alrededor de $3800 millones.
También hay que decir que en nuestro país los Inversores de títulos públicos y ahorristas están exentos del Impuesto y los propietarios de empresas o propiedades que venden esos bienes no tributan por la ganancia que generó esa transacción, al igual que los magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales. La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a través de un informe de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal estimó que lo que pierde el país por no gravar esos sectores es alrededor de $4900 millones.
El gobierno confía en que, una vez que los medios dominantes, no construyan relatos sistemáticamente adversos a la gestión, podrá avanzar sobre reformas relacionadas a estos sectores de poder y reemplazar un tributo injusto para los trabajadores por incrementos fiscales a los sectores más poderosos. Mientras tanto no está dispuesto a abrir nuevos frentes de confrontación que terminen aliándose con los actuales enemigos. Por eso se hace el distraído y en algunos casos incurre en serios errores de comunicación.
Este avance en las políticas de ampliación de derechos y distribución de la riqueza, es una jugada muy anunciada que los sectores más privilegiados y el sindicalismo ven con claridad. Los primeros están agotando sus alternativas frente a un proyecto político que lejos de perder adeptos, va sumando masa crítica que lo fortalece y los demás, saben que una vez que se consolide el Kirchnerísmo definitivamente, irán por el poder que representa la corporación sindical concebida como está hoy.
Teniendo en cuenta los datos fríos que vimos antes, el Impuesto a las Ganancias que tributan los trabajadores, no es tan determinante para haber lanzado una medida de fuerza tan feroz. Lo que corrobora que se pelea por otras cosas, más importantes, ocultas y personales que la simple máscara que muestran los actores de esta disputa política. Eso si, por ahora, bien alejada de los intereses de los verdaderos protagonistas que son los laburantes.
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